De Cardenales, Insultos y Constituciones
Por Daniel Romero Pernalete (*)
19.07.05 | El espectáculo fue repugnante. Un presidente en ejercicio, totalmente fuera de sí, lanzando improperios de grueso calibre contra un conciudadano, que, por añadidura, tiene la investidura de Cardenal. Y un auditorio (ministros, diputados, gobernador y alcaldes incluidos) aplaudiendo entusiasmado la histérica embestida del Caudillo. En tales circunstancias, tiende cualquier mortal a reaccionar con las vísceras. El Cardenal, noble en el verbo y en el gesto, no lo hizo. Simplemente se negó a aceptar el regalo del insultador. Se lo dejó en la mano, cuando de una manera muy reposada señaló que las tales ofensas no le afectaban... viniendo de quien vinieron. El Cardenal sabe distinguir entre el rugido del león y el aullido de la hiena.
Pero, pongamos de lado las vísceras. Hagamos a un costado, por un momento, el asco que provocó el insulto. Apartemos el vergonzoso aplauso del auditorio. Obviemos, incluso, la investidura del insultado. Despojémosle de capelo y de sotana. Dejémoslo desnudo. Como simple ciudadano. Como usted o como yo. Y preguntemos ¿qué hizo el ciudadano Rosalio Castillo Lara para merecer la ráfaga de ofensivos epítetos? Nada que usted o yo no podamos hacer. Ejercer el derecho que nos garantiza el Artículo 57 de la Constitución, según el cual “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. Rosalio Castillo Lara se limitó a decir lo que piensa. Que el gobierno de Chávez es nefasto. Que las elecciones son una pantomima. Que en Venezuela no hay estado de derecho... Dijo, en dos platos, lo que para muchos de nosotros son cotidianas verdades.
¿Cuál fue la reacción de Hugo Chávez? Un estadista que se respete hubiera rechazado con argumentos los señalamientos del prelado. Separando el mensaje del emisor. Y hasta le hubiera concedido el beneficio de la duda. Pero, tratándose de un gobernante de medio pelo, eso es mucho pedir. La respuesta de Chávez fue el insulto, la difamación, la injuria. Chávez, de este modo, no solo niega el ejercicio del derecho a la libre expresión, sino que lo hace violentando, él mismo, el ”derecho a la protección del honor, la propia imagen y la reputación”, consagrado en el Artículo 60 de la Constitución Nacional.
Pero uno se pregunta, además, habida cuenta del rosario de injurias salidos de la boca que manda en Venezuela ¿dónde queda el Artículo 2 de la Constitución, el cual privilegia ”los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” como valores fundamentales del Estado venezolano? ¿Y qué hay del Artículo 3 de la misma Constitución, el cual señala como fines esenciales del Estado ”la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad... y el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”?
Coloquemos, finalmente, el episodio en un marco general de rutinario ultraje de valores y principios democráticos. De violación consuetudinaria de derechos y garantías. Y preguntemos: ¿tiene o no razón el ciudadano Rosalio Castillo Lara cuando invoca el Artículo 350 de la Constitución? Porque su contenido es muy claro: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y a libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” . El malintencionado subrayado es nuestro. He dicho.
(*) Sociólogo, Profesor Titular de la Universidad de Oriente
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