El Salvador y el asilo
Por Ismael Pérez Vigil | Politólogo
03.12.04 | Una vez más me equivoque. Conversando ayer con algunos amigos ante los insistentes rumores de que el gobierno de El Salvador les negaría el asilo a dos venezolanos refugiados en su Embajada y el temor que mis amigos manifestaban de que los fueran a entregar a las autoridades venezolanas, afirme que eso no era posible. No solo porque el derecho de asilo ha sido sagrado y esta más allá de la conveniencia particular de un Gobierno de turno, sobre todo en nuestras realidades latinoamericanas, en donde el gorilismo militar abunda y la tortura y la persecución y criminalización de la disidencia es práctica común.
Además, argumentaba, hay razones históricas; aquí se refugio durante años Napoleón Duarte, ex presidente de El Salvador hoy fallecido; pero también, se refugiaron militantes del Frente Farabundo Martí y nuestros gobiernos democráticos ayudaron al proceso de pacificación del país tras la cruenta guerra civil que duro tantos años y segó tantas vidas.
Por último, rendido ante la evidencia de que lo más probable era que se negara el asilo a los dos ex policías, les aseguraba a mis amigos que si eso ocurría, el gobierno de El Salvador estaba en la obligación humanitaria de asegurar la integridad física de los refugiados y buscar que otra embajada estaría dispuesta a recibirlos para considerar su situación. Pero no. No fue así. El Gobierno de El Salvador no solo no les dio asilo, sino que los entrego a las autoridades venezolanas.
Léase bien y sépase bien en todo el mundo. El Gobierno de El Salvador, negó asilo a dos perseguidos políticos por el régimen de Chávez Frías. Ténganlo en cuenta cualquiera en cualquier parte del mundo, para el actual Gobierno de El Salvador es más importante los "buenos términos" con otro país, sobre todo si eso ayuda a su factura petrolera, que el derecho de asilo.
Sin duda esta en su derecho, pero los entregó a sus perseguidores. Entrego a dos seres humanos a un Gobierno que se caracteriza por perseguir inclementemente a sus enemigos, por privarlos de su libertad, aun en contra de dictámenes de los tribunales, por detenerlos y juzgarlos en prisión, aun cuando las leyes venezolanas establecen el juicio en libertad. Por allanar centros educativos en “búsqueda de armas y terroristas”, por detener ancianos y privarlos de su libertad durante días, manteniéndolos a pan y agua y sin comunicación con familiares. Por acribillar “sospechosos” en las calles o mantenerlos “retenidos” durante días, sin orden judicial alguna. Por allanar residencias sin orden judicial ni presencia de fiscales.
Pero, ¿Quiénes son los acusados y de que se les acusa? Henry Vivas y Lázaro Forero son dos ex policías de la Alcaldía Mayor de Caracas, al servicio del ex alcalde Alfredo Peña, quien fue derrotado en las pasadas elecciones. Vivas y Forero ejercían sus cargos en abril de 2002, en la Policía Metropolitana, cuando una manifestación se dirigió al Palacio de Miraflores y fue atacada a tiros, de donde resultaron 19 muertos. Fueron imputados como responsables en parte de ese crimen un grupo de pistoleros, funcionarios del régimen, que fueron vistos por testigos y fotografiados y filmados disparando a la manifestación desde el Puente Llaguno. Esos pistoleros fueron absueltos, según el juez, porque la fiscalia encargada del caso no presento el caso y las pruebas de manera adecuada. El Fiscal del caso fue el asesinado Danilo Anderson.
Tras liberal a esos pistoleros, festejados, condecorados y considerados héroes por el régimen de Chávez Frías, fueron apresados ocho policías metropolitanos acusados por ese delito. El juicio continua y los policías continúan presos después de más de un año. Recientemente fue apresado otro asesor policial del Alcalde Peña, Iván Simonovis, detenido ilegalmente, sin formulársele cargos hasta después de estar detenido, y después se le acuso por este caso. Inmediatamente se comenzó a perseguir a los inspectores Forero y Vivas, acusados de ser los “autores intelectuales” de los crímenes ocurridos el abril de 2002.
Curiosos “crímenes” los cometido en abril de 2002, 19 muertos que todavía esperan justicia. Los que dispararon desde Puente Llaguno, están libres; al Presidente de la República, que ordenó la aplicación del Plan Avila, para reprimir violentamente la manifestación, no se le hace ninguna imputación ni se le exige ninguna responsabilidad. A los militares que desobedecieron esa orden, que le pidieron la renuncia a Chávez Frías y designaron un nuevo Presidente, se les acusa del delito de “rebelión militar” y el Tribunal Supremo los absuelve por considerar que allí no hay delito. El Comandante en Jefe del Ejercito, General Lucas Rincón, en ese momento, que es quien anuncia al país la renuncia del Presidente, después que el Alto Mando considerara que el Presidente era el responsable de lo ocurrido ese día, es premiado con el cargo de Ministro de Interior y Justicia por el Presidente Chávez Frías al regresar al poder y no se le exige ninguna responsabilidad, al General Rincón, por su participación e intervención en los hechos.
Pero ahora, dos años y medio después, el Fiscal General, ex vicepresidente de Chávez Frías, pide la revisión de la sentencia, cosa juzgada, y se persigue como autores intelectuales a dos ex policías que buscaron refugio político en la embajada de El Salvador. A los inspectores Forero y Vivas lo que en realidad se les cobra es que la Policía Metropolitana, bajos sus ordenes, no arremetió contra las manifestaciones de la oposición democrática contra el Gobierno desde el año 2002. A los inspectores lo que se les cobra es que mantuvieron la moral de sus policías a pesar de que el Gobierno les quito ilegalmente las armas, según dictámenes del propio Tribunal Supremo. ¿Qué necesitaba el Gobierno de El Salvador para considerar que Forero y Vivas son dos perseguidos políticos?
No olvidaremos a Napoleón Duarte, a los refugiados del Frente Farabundo Martí, a los miles de salvadoreños que huyeron de la guerra y encontraron refugio y trabajo en nuestro país, pero tampoco olvidaremos lo que el Gobierno de El Salvador acaba de hacer: negar asilo a quienes buscaron refugio en su sede y entregarlos a sus perseguidores.
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