Comunicado de Victimas Venezolanas de la Violencia Politica
1. La Asociación Civil VIVE (Víctimas Venezolanas de la Violencia Política) representada por su Presidente el SR. MOHAMAD MERHI, expresa categóricamente su alarma como consecuencia de la denuncia presentada ante nuestra organización relacionada con la desaparición forzada del ciudadano Silvino Bustillos. Al día de hoy, dicho ciudadano lleva desaparecido desde el 31 de octubre de 2004, y nos ha sido presentado dicho caso por presumir la existencia de motivaciones políticas relacionadas con el mismo. La desaparición forzada de personas y el asesinato, además de ser crímenes previstos y sancionados en nuestro ordenamiento interno son, cuando se cometen en conexión con alguno de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, como la persecución por motivos políticos, crímenes de Lesa Humanidad y como tal pueden ser objeto de investigación a cargo de la Fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional.
2. Debemos expresar igualmente que con referencia al 11 de abril de 2002, los familiares de los 7 asesinados de ese día que esta organización congrega, y los múltiples heridos están conscientes de lo ocurrido ese día y de las responsabilidades que hoy día se intentan tergiversar mediante la manipulación de la información a través de los medios del Estado. En tal sentido, seguimos trabajando diariamente en lograr una investigación imparcial y justa, y no descansaremos hasta lograr dicho objetivo. VIVE repudia expresamente toda manipulación de la verdad, desde las más altas instancias judiciales, dirigida a procurar la impunidad de quienes han cometido Crímenes de Lesa Humanidad bajo la anuencia y con la manifiesta tolerancia del Gobierno.
3. VIVE repudia igualmente el evidente incremento de las persecuciones políticas que, a instancias de diversos órganos del Poder Público, específicamente los Tribunales Penales y el Ministerio Público, se han articulado contra la población civil opositora y sus dirigentes bajo pretexto de la continuación o inicio de ilegítimas investigaciones penales que, bajo la apariencia formal de procedimientos legales, encubren persecuciones por motivos políticos y pretenden el castigo de las personas por su pensamiento y por su postura disidente.
Caracas, 14 de noviembre de 2004
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