Venezuela: Prisión política
Por Oscar Medina, El Universal
Para el oficialismo no existen. Son delincuentes. Ese es el mensaje para la disidencia. La oposición y las ONG denuncian el verdadero carácter de estos presos ¿Y entonces? ¿Son o no son presos políticos? Jesse Chacón, en su condición de ministro de Comunicación e Información, oficializó la línea a seguir cuando el 9 de marzo explicó la verdad revolucionaria de la cual se ha erigido garante: "No existe ningún detenido del Gobierno Nacional, sino 30 de los tribunales nacionales (...) Aquí no hay ningún preso político, ningún preso por ideas. Todos los detenidos son por delitos comunes tipificados en las leyes...".
Algunos días antes de esa declaración, el Observatorio Venezolano de Prisiones manejaba un registro de 373 detenidos durante las protestas. Y no se limitaba a un simple número. El coordinador de esta ONG, Humberto Prado, hacía acopio de una desgarradora colección de testimonios de torturas aplicadas por la honorable Guardia Nacional.
Desde la Coordinadora Democrática el coordinador de medios, Jesús Torrealba, repicó al ministro Chacón aclarándole que para entonces (10 de marzo) manejaban información de 410 presos políticos. Y le dijo más: "Para el régimen soviético los presos políticos eran enfermos mentales y por eso los recluía en sanatorios. Para el régimen cubano tampoco existen presos políticos, los secuestrados en Cuba son tratados como presos comunes y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno...".
El pasado 19, el analista Carlos Blanco escribió unas líneas en este diario que explican con ferocidad cómo es que se ven las cosas desde el lado opositor: "Cuando dicen que los presos no son suyos, sino del Poder Judicial, dan la misma explicación de la satrapía cubana: no son presos políticos, sino de los tribunales. También allá tienen clodosvaldos e isaías, danilos y mundaraínes. Y los Rincón se extienden por todo el planeta, donde se necesite celestinaje de alto nivel".
El Mundaraín que le tocó a este país, vale decir, el que ocupa el sillón principal en la Defensoría del Pueblo, finalmente presentó un informe sobre su visión de lo sucedido entre el 27 de febrero y el 5 de marzo en el que previsiblemente no figura la existencia de presos políticos y pese a que reconoció excesos en la represión, echó mano de algunos eufemismos para no utilizar la palabra "tortura", que suena muy fea en cualquier idioma.
"La única utilidad del informe de la Defensoría del Pueblo es que evidencia el desamparo de los venezolanos con estas instituciones secuestradas por el poder político", señaló Liliana Ortega, directora de Cofavic: "Es inaceptable que el defensor no hable de torturados cuando hay al menos 13 casos creíbles que muestran un preocupante patrón de torturas. El defensor trata de minimizar lo que es un delito internacional refiriéndose a tratos crueles e inhumanos".
La investigación de Cofavic apunta hacia los casos de tortura. Pero no por ello deja de lado el tema de los detenidos: "El general Carlos Alfonzo Martínez es un preso político. No puedo decir que todos los detenidos durante esos días son o no son, pero lo cierto es que la mayoría de las detenciones se hicieron en el contexto de manifestaciones políticas. Ellos fueron detenidos expresando una opinión política. Y muchos han sido amenazados y torturados por su participación en protestas políticas".
La ONG Provea ha ido directo al grano con un razonamiento similar: "Aun cuando no exista, en todos los casos, una violación al derecho a la libertad personal, pues resulta evidente que varias de las manifestaciones fueron violentas, las personas detenidas son, sin duda, presos políticos, pues los delitos comunes que se le imputan son motivados por razones políticas". Y coindidiendo también con Cofavic, exigen que se privilegien las condiciones para realizar los juicios en libertad y condenan _igual que todas las ONG del Foro por la Vida_ la felicitación gubernamental a la excelente labor represiva de la Guardia Nacional.
Con Joao
A la multiplicación por cero hecha por Germán Mundaraín, desde la Coordinadora, D'Elsa Solórzano respondió con otros números: "Tenemos 9 detenidos en La Planta, 4 en El Rodeo, 2 en Fuerte Tiuna y 3 en la Disip". A esos 18 le faltaron al menos dos que hay en Polichacao _Andrés Patricio Juliá, es uno de ellos_ y hay que restarle 4 de La Planta libres desde el jueves.
Al igual que con los despedidos por firmar, no parece que hubiera números totales. El documento entregado a la Fiscalía por la oposición el 20 de marzo establecía 417 detenidos sólo en Caracas. Una aproximación sin confirmar apunta unos 45 presos en todo el país y alrededor de 30 beneficiados con medidas sustitutivas.
La ONG Una Ventana a la Libertad se venía manejando con un grupo de 9 detenidos en La Planta (Rodrigo Alegrett, José Rafael Peralta, Heber Prada, Angel Daviott, José Ramón Merlo, David Amundaraín, Luis Figueroa, Octavio Villa y Asdrúbal Rojas) _todos torturados por la GN_ al que luego se sumó un grupo de 5 (Joaquín Oliveira, Hungry Delgado, Kevin Ramírez, Héctor Aponte y Edgardo Pinedo), a quienes se les dio rápida libertad por haber sido _presuntamente_ operadores del chavismo que fueron confundidos con manifestantes de la oposición. Figuran en la cuenta dos menores de edad retenidos en el Centro de Reclusión Carolina Uslar y tres más en El Rodeo, los polibarutas Adán Lozano y Jorge López, y el activista Carlos Melo.
El abogado y experto en materia carcelaria Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, no tiene dudas de la condición de presos políticos de esta gente: "Dicen que los están juzgando por delitos contemplados en el Código Penal. A Chávez también lo juzgaron por delitos tipificados en el Código y se le dio trato preferencial. Estos muchachos están con delincuentes comunes, comparten espacio en La Planta, por ejemplo, con Joao De Gouveia".
Nieto recuerda a los jueces que "el COPP es garante del estado de libertad. En todos estos casos estamos hablando de penas que en su mayoría son de cinco años y en las que en el peor de los casos no van a ir presos si resultan condenados porque aplican medidas sustitutivas de la prisión. Es ilógico que los encarcelen. Ni siquiera Carlos Melo por el supuesto porte de armas de guerra debería estar detenido porque la pena máxima de ese delito es de cinco años. Se señala que fueron detenidos en flagrancia, pero no hay suficientes elementos probatorios. Aquí se está violando el derecho fundamental de la defensa en libertad establecido en el COPP y en la Constitución. Si no quieres llamarlos presos políticos, puedes llamarlos presos por venganza política".
La apreciación de Nieto se refuerza con el episodio de las jueces penales provisorias, María Trastoy y Petra Jiménez, destituidas vía oficio por el magistrado Iván Rincón tras dejar en libertad a un grupo de detenidos de esos días. "Para destituirlas pasaron por encima del proceso correspondiente. ¿Eso qué es? Yo lo considero una señal: señores jueces si ustedes siguen soltando gente éste será su destino".
El misterioso caso de los cinco liberados de La Planta _estuvieron sólo tres días_ aporta otro tanto. "Es lo que deberían hacer con los otros, porque es lo que procede. Si a todos los juzgan por los mismos delitos, ¿por qué sólo liberas a estos cinco? Creo que todo esto se trata de jueces cuidando sus cargos, jueces con miedo. En el fondo ninguno de ellos puede creer de verdad que está aplicando la justicia: la ceguera y la parcialidad no pueden dar para tanto".
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